Día de la Región de Murcia
El agua se vuelve muda

Insólita estampa del pantano del Cenajo que dispone de unas reservas record de 374 hectómetros. :: EDU BOTELLA

En este ciclo húmedo, el clásico problema del agua en España ha pasado a un segundo plano, a la espera de tiempos peores, como nos tiene acostumbrados la sequía. A pocos les urge ahora buscar una solución cuando se antoja el mejor momento para hacerlo, ya que existe menos crispación entre los usuarios por la disponibilidad de recursos, habida cuenta de las reservas almacenadas en los pantanos peninsulares, y en especial en las cuencas del Segura y del Tajo. La primera atraviesa una situación desconocida desde hace más de 40 años, con unas reservas que alcanzan el 71% de su capacidad total. En la cabecera del Tajo, el Sistema de Entrepeñas y Buendía atesora casi 1.300 hectómetros, lo que hace pensar en una distensión a la hora de autorizar los desembalses hacia la cuenca del Segura.

La solución que llegue, si es que aparece, ya no será igual a las clásicas alternativas. No corresponderá al catálogo de trasvasistas o antitrasvasistas. La experiencia vivida desde tiempos de José Borrell, por no ir más atrás, ha estado  cuajada de más errores que aciertos, y necesariamente alumbrará otra forma de enfrentarse al 'problema' que puede estar condicionada por la economía y la crisis y los nuevos espacios de globalización que se abren a diario. En paralelo, y dado que el PP intuye cada vez más su cercanía a La Moncloa, las voces discrepantes en este partido están calladas, no hay ruido acuático y todos están a la espera. Ya no hay tremendismo en los mensajes y se habla muy poco de trasvases con mayúsculas.

En este clima de sosiego hídrico subyacen los intereses políticos y las reivindicaciones territoriales, en especial de Castilla-La Mancha, donde se ha puesto de relieve un dato que ya se intuía sin mucho esfuerzo: siete de cada diez ciudadanos castellano manchegos son contrarios al acueducto Tajo-Segura. El mensaje está ahí y las autoridades deben actuar en consecuencia. Ha calado esa lluvia fina propiciada por los dirigentes de la comunidad vecina, de todos los partidos políticos, tras muchos años de rechazo al canal. En la última etapa, el Tajo-Segura ha sido exhibido sin pudor por sus detractores en aras a conseguir su eliminación o, cuanto menos, dejarlo reducido al transporte de caudales para los abastecimientos, aun cuando los recursos ante los tribunales en contra de los desembalses no han dejado títere con cabeza.

Con el objetivo de cercenar esta infraestructura, se ha puesto en solfa incluso el destino final de los caudales para la población, argumentando que una parte se va para regar los campos de golf.

La frustrada reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que fue devuelto desde el Congreso de los Diputados, no ha hecho desaparecer la amenaza -justa desde el lado castellano manchego, e inaceptable desde el lado murciano- sobre el canal, ya que el presidente saliente, el socialista José María Barreda, ha dejado su ley regional del agua en el regazo de las Cortes Generales, a la espera de que corra mejor suerte que el estatuto. Ambas normas plantean lo mismo, con el matiz de que la iniciativa regional -que esta vez salió de las Cortes de Toledo sin el apoyo del PP- ha aprendido de los errores de su antecesora y reformula los argumentos antitrasvasistas.

La próxima parada está en conocer qué decisión toma el Congreso. Todo hace pensar que con las elecciones generales a la vuelta de la esquina el Gobierno socialista no quiera embarcarse en otra guerra del agua, por lo que la ley regional podría saltar a la próxima legislatura, pero ya sin fuerza ni posibilidades de salir adelante si se confirma el ascenso del Partido Popular.

Volviendo a la anterior, el hecho de que las iniciativas legislativas no tengan fortuna no puede ocultar el rechazo mayoritario de la comunidad vecina a la continuidad del acueducto, después de más de 30 años derivando 'excedentes' desde la cabecera del Tajo a la del Segura. Otra cosa es que esa percepción social cambie y que se vea como un mal menor o, quizás, se cumplan efectivamente las leyes originarias del Trasvase Tajo-Segura y se dé satisfacción a Castilla-La Mancha. No porque sea una contraprestación, sino por mera justicia social. Por ejemplo, el aprovechamiento conjunto del canal del que tanto se hablaba en su día brilla por su ausencia cuando se repasa la lista de obras y mejoras hidráulicas -larga lista por cierto- que debían acometerse en las regiones de la cuenca cedente. O por ejemplo, que las aguas que discurren por Aranjuez, Toledo, Talavera y otras poblaciones dejen se estar contaminadas y se tornen en un cauce limpio, vivo y abundante. El órdago de Barreda sobre el agua no le ha servido para mantenerse en la presidencia de Castilla-La Mancha; a la vez que María Dolores de Cospedal no ha sido vista como la 'candidata de Murcia ' tras su descuelgue del Estatuto que pactó con Barreda. El nuevo escenario que se abre en Castilla-La Mancha con Cospedal en la presidencia puede que amortigue los ataques al acueducto, las críticas a los desembalses periódicos y el cese de los recursos ante el Tribunal Supremo. Las existencias en los pantanos de cabecera ayudan en gran parte, ya que no sería lo mismo que la sequía siguiera dominando la situación y exaltando los ánimos.

Al mismo tiempo, parece que ha sido un acierto el nuevo sistema de gestión de los desembalses, en tanto que el agua permanece más tiempo en cabecera y sólo se envía lo que se necesita cada quincena o mes. Esto es posible por las reservas acumuladas, y en la medida en la que se pueda mantener este ritmo de entradas y salidas con una óptima regulación hiperanual.

La verdadera cara de Cospedal -muy dada a esquivar las cuestiones espinosas- se conocerá cuando el PP ponga sobre la mesa su nuevo Plan Hidrológico Nacional, que fue alentado por la propia número dos de este partido.
El Gobierno murciano también tendrá que contemporizar con Luisa Fernanda Rudi, en el caso de que gane la presidencia de Aragón pactando con el PAR o con la Chunta, en tanto que ha insistido en que el Trasvase del Ebro no está en el programa del PP. Valcárcel lo reclamó en la precampaña electoral, pero después no volvió a insistir a la espera de que Mariano Rajoy tome posiciones. El presidente murciano ha centrado sus argumentos en que debe ser el Estado, el Gobierno central, quien resuelva el problema, y no las comunidades autónomas, como una forma de re-enfocar la situación y el debate en sus justos términos. A estas alturas, sin embargo, es difícil secuestrar la participación autonómica de la administración y gestión de las aguas. Hay que contar con los territorios y, por lo tanto, el horizonte sigue sin estar despejado para ese gran pacto nacional que sólo habita en el ámbito de los deseos y de las buenas intenciones.

El tercer foco de atención está en Extremadura, a expensas de que Izquierda Unida decida si apoya la continuidad del socialista Guillermo Fernández Vara, partidario en principio de compartir los recursos hídricos y no ponerle puertas a los ríos. Al igual que en Aragón, el socio de gobierno determinará la posición final, que no está en la línea de continuar con el esquema de repartir el agua entre territorios, sino de que cada cual se apañe con lo que le ha dado la madre naturaleza.

Los magistrados del TSJ de Madrid y Castilla-La Mancha, del Tribunal Supremo y del Constitucional son quienes van poniendo sucesivamente orden en el marasmo hídrico. Aquí está el chasco que se llevaron los gobiernos de Andalucía y de Castilla y León al pretender controlar los ríos Guadalquivir y Duero. El PP en su conjunto tiene ante sí el reto de solucionar el problema por el que ha estado porfiando en los últimos ocho años. No merece la pena repasar ahora la hemeroteca, pero las propuestas no serán tan tajantes como en los primeros años del Gobierno de Zapatero. La venganza de sirve en plato frío, pero en este caso ha cambiado el menú y los comensales.
 

 



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